UGT-A considera "oportuno y necesario" contar con una norma que regule el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos
Así lo ha expresado Sonia Gaya, Secretaria de Institucional de UGT Andalucía durante su comparecencia este martes en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento andaluz. "Concebimos la participación social y ciudadana no como una finalidad en sí misma sino como un medio para conseguir una mayor calidad democrática", ha insistido.
Desde UGT Andalucía "venimos defendiendo que la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y en los asuntos públicos es fundamental para que el sistema democrático pueda sostenerse y, además, para paliar la desafección hacia la política y la desvalorización de lo público a la que venimos asistiendo de manera más acentuada en los últimos tiempos", ha aseverado la líder sindical ante los representantes de los distintos partidos políticos presentes en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento andaluz.
Durante su comparecencia, Gaya ha querido hacer una llamada de atención "al legislador andaluz y a todos los partidos políticos del arco parlamentario", para que se aborden "por fin y se tracen de manera nítida las dos vías por las que se articula la participación en una democracia moderna y avanzada, reclamando en este Parlamento, y ante todos ustedes, que se tramite de manera consecutiva una "Ley de Participación Institucional", al igual que ya existe en la mayoría de comunidades autónomas de España, todo ello en aras de garantizar y regular el ejercicio del derecho a la participación de los agentes económicos y sociales más representativos de la comunidad, siendo un beneficio para todos, ya que supondría un mayor nivel de transparencia, eficacia e independencia de cara a la ciudadanía".
"El fomento de la participación social y ciudadana es una obligación que los gobiernos deben desarrollar como derecho reconocido en el ordenamiento jurídico; pero también resultan absolutamente necesarias, en la medida en que dichos gobiernos deben afrontar de manera legítima y con suficiente respaldo social las continuas transformaciones y cambios de la sociedad actual, la implicación y trabajo coordinado con las organizaciones sociales representativas de intereses colectivos, y con los agentes económicos y sociales más representativos para la toma de decisiones públicas. De ahí que sea fundamental su regulación en sendas normas que aúnen estas características", ha aseverado.
"A este respecto, el Consejo Económico y Social en su Dictamen sobre esta norma, aprobado por unanimidad, ha señalado que debe considerarse "indispensable para la vertebración de la sociedad, el buen gobierno y la transparencia en la gestión de lo público, valorando el esfuerzo de elaborar una norma de estas características, una norma que no es fácil, pues no sólo debería regular la participación ciudadana sino garantizarla y que, necesariamente, debe estar vinculada a la Ley de Transparencia de Andalucía y a la Ley de Participación Institucional"".