UGT Andalucía

La sección sindical de Fesp-UGT Área Sanitaria Norte de Cádiz ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por considerar "la existencia de indicios que genera la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores de mantenimiento del Servicio Andaluz de Salud de los centros afectados por la publicación de la licitación", tramitada por la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, y cuyo objeto del contrato es el servicio de mantenimiento general de los dispositivos hospitalarios de los centros sanitarios del SSPA de la provincia de Cádiz.

Esto, según denuncia UGT, "supondrá la asunción, por trabajadores contratados de parte de una empresa externa y privada, de las tareas de mantenimiento en las dependencias de los centros sanitarios públicos que, hasta ahora, vienen desempeñando los profesionales estatutarios dependientes del SAS".

El citado pliego sitúa "en una situación de desigualad a estos trabajadores públicos con respecto a otros profesionales del resto de los centros sanitarios de las distintas provincias andaluzas que también cuentan con personal de oficio propio para su mantenimiento".

"De otra parte -añade UGT-, la Plataforma provincial de logística integral de Cádiz hace uso de la contratación pública dando la espalda a la nueva regulación normativa: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo y que entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, con la pretensión de dar mayor transparencia al uso de la contratación pública y de este modo luchar contra la corrupción, así como prevenir el conflicto de interés".

"Constituye, principalmente para el caso que nos ocupa, el objetivo primordial y la mayor diferencia con la actual normativa de contratación pública, por un lado el garantizar una adecuada y mejor canalización de los fondos públicos, no pudiendo atender solo a las condiciones más ventajosas para la Administración, suponiendo que, no debe aceptar el mejor precio sino la oferta más favorable al interés público". Y por otro lado, "una política de intervención en la vida económica y política, siendo en este ámbito donde los poderes públicos deben promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, realizando una política orientada al pleno empleo (articulo 40 de la Constitución). Esta nueva regulación pone el énfasis en facilitar la participación de las PYMES en la contratación pública, por su capacidad de generar empleo y riqueza, necesidad imperiosa en una provincia tan azotada por el desempleo como es la de Cádiz.

"Desde UGT, como organización sindical, nos reiteramos en la necesidad que tiene nuestra provincia en la generación de empleo, así como en la defensa del empleo público", concluye.