UGT Andalucía apoya la Ley de vivienda si garantiza el derecho subjetivo a una vivienda digna, adecuada y asequible
Desde UGT Andalucía venimos denunciando que los precios de la vivienda siguen consumiendo una parte desproporcionada de los recursos de los hogares, lo que expone a las familias a la pobreza y al desarraigo, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables. Por eso, desde UGT celebramos la aprobación de la Ley de Vivienda, siendo la primera ley integral de vivienda a nivel estatal en la historia de la democracia. Ya lo dijimos hace apenas dos meses cuando se aprobó la prórroga del escudo social en materia de vivienda hasta el 31 de octubre. En ese momento manifestamos que el Ejecutivo debía aprobar con rapidez, una Ley por el derecho a la vivienda digna, que incluyese medidas definitivas en esta materia y que ponga fin de forma permanente a los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Este nueva Ley de vivienda acordada entre PSOE y UNIDAS Podemos, parece ser que, a pesar de que regulan alguna excepciones, prohibirá la recalificación y venta de pisos públicos de forma general.
También incluyen medidas para la promoción del parque público de vivienda y su protección, entre las que se destaca, la prohibición, en términos generales, de la venta o recalificación de inmuebles o suelo protegidos, sin embargo, la ley recoge una excepción bastante imprecisa, ya que señala que las salvedades que excepcionalmente pueda prever la normativa autonómica en caso de que exista causa justificada debidamente.
También se incluye que mientras permanezca protegida, la vivienda solo podrá venderse o alquilarse previo permiso de la comunidad autónoma, a un precio tasado y, "prioritariamente, a favor de personas demandantes inscritas en los registros públicos". En cualquier caso, si la comunidad autónoma consigue recalificar la vivienda en base a su propia normativa de manera excepcional, el inmueble deberá mantener sus condiciones ventajosas durante, al menos, 30 años.
Otra de las novedades recogidas en la normativa es el mecanismo de regulación de los precios del alquiler, según la misma, las personas jurídicas con más de 10 inmuebles, son los únicos que se podrán ver forzados a bajar los precios de sus arrendamientos si el Ayuntamiento en cuestión determina que estos se encuentran en una zona especialmente tensionada. Pero, hasta que entre en vigor ese mecanismo, estos grandes fondos tendrán un margen de 18 meses a contar desde la aprobación de la ley en el que no tendrán que aplicar estas bajadas, aunque sí la congelación de precios.
También se recoge la medida más comentada, concretamente, se trata del bono de vivienda de 250 mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años que perciban menos de 23.750 euros al año, beneficiando según estima el Gobierno Central a entre 40.000 y 50.000 jóvenes. Este bono joven puede completarse en los casos de familias más vulnerables, con ayudas directas de alquiler de hasta el 40% de su valor.
El sindicato considera que esta ley que se va aprobar de forma inminente, debe garantizar el derecho subjetivo a una vivienda digna, adecuada y asequible a través de la promoción pública de un parque de viviendas en alquiler, ya que en España la vivienda social apenas llega a un 2,5% sobre el total de viviendas, siendo de los más bajos de Europa. También es necesario un control de los precios del alquiler, sobre todo en zonas tensionadas y de la reordenación del sector.
Además, la Ley debe garantizar los suministros esenciales a los consumidores vulnerables, lo que requiere una reforma urgente del bono social para que llegue a todos los que lo necesiten.
Desde nuestro sindicato afirmamos que es crucial recoger legalmente el principio de precaución en materia de pobreza energética. Este impone a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro básico hasta que consulten la situación económica del hogar afectado con los servicios sociales competentes y se tenga la certeza de que no se trata de un hogar vulnerable.
Desde la Unión General de Trabajadores de Andalucía apoyaremos toda Ley de Vivienda, siempre y cuando sitúen la vivienda, como un bien social, se consiga un sistema de vivienda inclusivo y ante todo se evite la especulación y la excesiva acumulación de riqueza, asegurando el derecho de toda la ciudadanía a una vivienda digna, incluida la obligación de impedir todo desalojo que deje sin techo a ninguna persona, por eso reivindicamos que los distintos Gobiernos lleven a cabo todas las medidas necesarias para alcanzar estos principios innegociables para nuestro sindicato.
En definitiva, tenemos que estudiar con detalle esta Ley para hacer una valoración más profunda y detallada para poder dar una opinión sindical más concreta. Lo que sí podemos decir, es que esta nueva Ley de vivienda, debe ser más eficiente y completa, y por supuesto estaremos de acuerdo con la misma, si recoge el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, en el que todos y todas puedan acceder, topando los precios de los alquileres y de la compra; y que permita la ampliación del parque público de vivienda