UGT Andalucía

Las Organizaciones Promotoras de la ILP^[1] han mantenido, hasta el momento,  reuniones con los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos e IU Andalucía en las que les han explicado los pormenores de la negociación del Decreto-Ley de Renta Mínima de Inserción Social con el Gobierno de la Junta de Andalucía y los contenidos por los que lo apoyan, ya que recoge una parte importante de la propuesta que planteaban en su ILP. Es especialmente destacable que se consolida el derecho garantizado a la renta y al plan de inclusión, lo que supone un paso cualitativo en la política de protección a las personas mas vulnerables en Andalucía, introduciendo no solo la prestación económica sino la inserción de carácter sociolaboral.

Así mismo, han instado a PSOE, PODEMOS e IU a que, a través, de los presupuestos actuales y futuros, destinen recursos económicos y humanos que permitan el desarrollo y la consolidación de este nuevo derecho. Les han recordado que los presupuestos de 2018 de la Junta de Andalucía consignan una partida, que las organizaciones consideramos insuficiente para atender a todos y todas las beneficiarias potenciales, por lo que  se les ha exigido que se comprometan a aprobar la ampliación del presupuesto en caso necesario. 

Aunque se haya considerado un éxito que se haya puesto en marcha esta renta mínima, desde Comisión Promotora se la ILP creemos que este es un buen punto de partida, pero no renunciamos a tratar de mejorar la situación social y laboral de las personas que están en situación de pobreza y/o en riesgo de exclusión. Por ello, creemos que un derecho subjetivo no puede estar sujeto a limitación presupuestaria, pues según dice el texto, debe cubrirse con todas las garantías ese derecho.

La puesta en marcha de este nuevo derecho, también supondrá un reto para las administraciones ya que obliga a la cooperación y coordinación entre ellas, desde la local hasta las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, principalmente entre servicios sociales y empleo. En este sentido se les ha trasladado que una de las cuestiones que tendrán que considerar es la necesidad de reforzar las plantillas de trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales Comunitarios.

Por otra parte, han planteado en los encuentros, la necesidad de que el Parlamento de Andalucía y los grupos parlamentarios y políticos en general, se comprometan con esta renta y faciliten su ratificación, porque se trata de empezar a solucionar una situación de urgencia, lo que no es óbice para que los grupos parlamentarios puedan decidir acometer la tramitación como proyecto de Ley.

Por último, las organizaciones quieren agradecer el apoyo de todas las personas que firmaron la ILP y a todas las que estuvieron en las calles y empresas explicándola y recogiendo firmas, por que este Decreto-Ley es la consecuencia directa de ese apoyo recibido de la ciudadanía andaluza, y que pone en valor los mecanismos de participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la elaboración de las leyes.